domingo, 30 de octubre de 2016

Desprecio a los Medios: La revancha de Carlos Joaquín


En apenas sus primeros treinta días, el gobierno de Carlos Joaquín ya enfrenta la molestia –y en algunos casos incluso- la decepción de medios y comunicadores que esperaban más del “Gobierno del Cambio”. Y es que una política selectiva y revanchista va defiendo este nuevo gobierno, al menos hasta ahora. Eso ya se veía venir, lo que no se conocía hasta ahora era al autor de esta corriente.

Por: Esmaragdo Camaz

En los primeros días de Septiembre en su casa de Cozumel, Carlos Joaquín se reunió con Aidé Serrano –su vocera-, Martha Silva –hoy directora del SQCS- y Fernando Mora, éste una especie de asesor de Comunicación Social. Al ver el plan de medios que le presentaba su equipo y que incluía trabajar con la mayoría de la prensa de Quintana Roo, el entonces mandatario electo los paró en seco y les dijo que no habrían convenios ni forma de trabajar con medios que lo atacaron en campaña. Ese día el gobernador definió su relación con la prensa quintanarroense.

Días antes, Carlos Joaquín pidió a Fernando Mora hacerle un proyecto para trabajar con la prensa quintanarroense. El resultado fue una propuesta para asignar convenios de publicidad a la mayoría de los medios locales para difundir las actividades de su gobierno.

El presupuesto para Comunicación Social presentado por Mora rondaba los 120 millones de pesos al año, una reducción de unos 80 millones a los poco más de 200 millones anuales que Roberto Borge “oficialmente” destinó para esos menesteres durante su gestión. 


Fernando Mora estaba convencido de que de alguna manera el gobierno de Carlos Joaquín debía trabajar con todos los medios, de hecho así lo dejó saber a su gente alrededor. Incluso el asesor en algún momento “deslizó” que para todos habría cabida en este sexenio.

Quizá Mora emuló el discurso de campaña de Carlos Joaquín, quien todavía durante en su primera rueda de prensa ya como gobernador electo –evento registrado el 6 de Junio en un hotel de la Zona Hotelera de Cancún-, respondió que no habría revanchismo contra aquellos medios que lo denostaron.

Esa declaración está grabada en un video que EQR publicó el 7 de Junio en YouTube y que está disponible para su consulta.



En el minuto 7:44 una reportera le pregunta al entonces gobernador electo:

Señor, ¿la relación con los medios que lo denostaron, que hicieron campaña negra en su contra?

“Yo no tengo ningún tema de revancha, entiendo muy bien cómo se maneja la situación de las campañas, las puertas siempre están abiertas y voy a trabajar para todo Quintana Roo”, respondió el novel gobernador apenas recién salido del huevo electoral.


Pero parece que para Septiembre a Carlos Joaquín ya se le había olvidado el discurso incluyente.

Durante la campaña de Carlos Joaquín, Fernando Mora apareció en Quintana Roo con un amplio currículum en materia de Comunicación Social resultado de su paso por instituciones gubernamentales de primer nivel en México. 

Fue titular de Comunicación Social de la SEP. Director de la Unidad de Comunicación Social del INM. Director de Información de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Director de Información a Medios de los Estados de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República de 1997 a 1999. Cursó la licenciatura en derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha realizado diplomados en análisis político, administración pública y comunicación social en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Administración Pública.


Así con esas credenciales, Carlos Joaquín le pidió a su asesor en Comunicación Social diseñar lo que sería el plan de medios para su sexenio.

Y aunque el día de la presentación del proyecto estuvieron presentes Aidé Serrano y Martha Silva, la voz cantante la llevaba Fernando Mora, pues fue a él a quien Carlos Joaquín le asignó el encargo.

Carlos Joaquín argumentó que no había dinero y que acabaría de tajo con los convenios. Y fue muy enfático al decir que no había forma de trabajar con los medios que lo atacaron, detalla la fuente que aportó datos para este artículo.

Y es que negar la publicidad oficial a los medios que lo “atacaron” en campaña equivale a marginar a casi toda la prensa quintanarroense en su conjunto, porque a decir verdad, a Carlos Joaquín le fue como Santo Cristo en los medios durante su viacrucis proselitista por todo el territorio estatal.

De hecho existe en Comunicación Social y por indicaciones del propio gobernador, una especie de lista negra de medios que lo “atacaron” durante su campaña electoral.

Aunque la verdad, hacer una lista negra de eso es como jugar a la policía china, porque como ya dije antes, a Carlos Joaquín la prensa quintanarroense le metió una refriega tan severa que ni falta hacer un recuento de ello, salvo que sea para cobrar revancha, como lo está haciendo ahora el gobernador.

El caso es que al final de la reunión de Cozumel, los comunicadores de Carlos Joaquín salieron con las manos vacías. Eso sí, abandonaron la casa del gobernador electo bien “tocados” y con una sólo idea en la cabeza. Cero contacto con los medios “atacadores” so pena de buscarse broncas gratis con su jefe el gobernador.

Tanto fue el efecto de las palabras de Carlos Joaquín que en las siguientes semanas se reflejaría claramente en las acciones de todos sus empleados de Comunicación Social los efectos de su revanchismo.


Según el plan dictado por Carlos Joaquín en esa misma reunión con sus comunicadores, su Gobierno comprará algunas inserciones a los medios sólo en cuatro ocasiones al año. Esto corresponde a una estrategia de lanzar cuatro campañas publicitarias una por estación. O sea algo así como “Las 4 estaciones”. Desde luego que los medios “atacadores” no están incluidos en este plan del gobernador.

El resto de la estrategia de Carlos Joaquín es mandar todos los días a los medios sus boletines, fotos y videos a modo de todas sus actividades, planes, avances y progresos, esperando que la prensa quintanarroense se los publique sin costo. Desde luego que en este caso los medios “atacadores” sí están incluidos como parte de la estrategia del gobernador. 

A caballo regalado no se le busca el colmillo, decía mi abuelo que era ranchero.

Pero esto de jugar con la publicidad oficial de gobierno, eso de asignar los contratos de publicidad a capricho, discriminar a unos y a otros por revanchismo, censurar a la prensa con los convenios y coaccionar con dinero del erario público a periodistas, es algo serio. Y también es un delito.

Estas prácticas existieron en Quintana Roo durante el gobierno anterior y en el anterior a ese y más antes también, etc, etc. Y hoy con Carlos Joaquín al frente del gobierno del estado también existen.

Durante su campaña electoral y en el fragor de la batalla por la gubernatura, Carlos Joaquín satanizó a la prensa que no le tuvo consideración. Ante el electorado denunció los excesos de los medios y el público le respondió con el voto.

Pero ahora ya no es candidato. Hoy su investidura lo obliga a asumirse como lo que es. El gobernador de Quintana Roo. Y como lo dice la constitución del estado, su obligación es gobernar para todos los quintanarroenses sin excepción. Sin ningún tipo de distingos.

En esta satanización a la prensa de Quintana Roo, el gobierno de Carlos Joaquín ha pretendido exhibir ante el público a los medios que desde sexenios pasados venden espacios publicitarios filtrando convenios de publicidad con el gobierno del estado como si esta práctica fuera un delito. Y esto no es así.

En lo general, los convenios de publicidad entre el gobierno y la prensa surgieron décadas atrás como una solución administrativa fácil para dar cobertura informativa a las acciones de Gobierno de forma global y permanente evitando así el engorroso trámite de contratación por cada inserción. También fue una forma de reducir costos para el Gobierno y para los medios una buena oportunidad de hacer proyecciones financieras por adelantado.

De echo en la Televisión y en otros medios masivos todavía existe lo que se conoce como el “Plan Francés”, que aplica incluso para la publicidad comercial de las empresas. En esta modalidad el cliente paga por adelantado un año de publicidad y el medio le da a cambio un 2x1 en espacios que el contratante distribuye a su conveniencia durante ese periodo de tiempo contratado.

Y los convenios de publicidad entre el gobierno y la prensa funcionaron más o menos sin sobresaltos en el país hasta los ochentas, cuando José López Portillo –reconocido como el primer gran corrupto presidente del México contemporáneo-, los usó para acallar la libertad de expresión.


El ex presidente acuñó la célebre, aún vigente y lastimosa frase de “No pago para que me peguen”, expresión que se conoció cuando el periodista Julio Scherer la publicó en la revista Proceso en 1982, luego de que el presidente ordenó la suspensión de toda la publicidad para ese medio en represalia por su línea crítica.


“La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dio la orden a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso, como una represalia por la línea crítica del semanario dirigido por Julio Scherer García”, así se escribió ese año en ese semanario.


Y desde entonces y hasta el día de hoy, gobernantes y políticos en general aprendieron de José López Portillo cómo usando el dinero público pueden presionar, amedrentar, atacar, controlar, manipular, coaccionar, etc, a los medios. La reinvención del convenio publicitario como mecanismo de sometimiento es autoría exclusiva de los gobernantes. Y con esa práctica hoy los gobiernos tienen secuestrada a la prensa.

Pero el público y las autoridades deben saber que la publicidad oficial –también llamada pauta de gobierno-, es un recurso al que los medios de comunicación y los periodistas tienen legítimo derecho en México y este concepto es generalizado en todo el mundo, al menos en países que se precien de tener gobiernos democráticos. Así lo respalda la agrupación internacional de protección a periodistas, Artículo 19.


Esta organización que presta ayuda y asesoría a periodistas atacados por gobiernos –y de la que yo mismo puedo dar testimonio-, también pugna porque en México los tres niveles de gobierno transparenten sus convenios de publicidad y que éstos se publiquen en sus portales de transparencia.

Y no son los medios ni los periodistas los que se niegan a ser transparentes. Son los gobiernos, los diputados y políticos en general quienes no quieren hacerlo, negándose así a conducirse con la transparencia que tanto pregonan, pese a que desde hace por lo menos seis años existe una iniciativa en el Congreso mexicano sobre este particular.

Artículo 19 publicó el 6 de Agosto de 2015:

En sesión pública del miércoles 5 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer para su estudio, por votación unánime, un amparo interpuesto por ARTICLE 19 en contra del Congreso de la Unión y su omisión de promulgar una ley que regule el gasto de las autoridades en publicidad oficial.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia político electoral el 10 de febrero de 2014, el Congreso se obligó a promulgar las reglas a las cuales sujeten las autoridades el uso de recursos públicos en la difusión de sus políticas, programas, servicios, logros e imágenes. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado de la República han sido omisos en cumplir con el mandato derivado de la propia Constitución, pues la ley de publicidad oficial sigue sin discutirse ni aprobarse.

La falta de regulación permite un gasto excesivo y opaco que no obedece planificación alguna, con mecanismos arbitrarios de contratación y campañas publicitarias con utilidad pública que resulta cuestionable. Además, promueve la concentración del mercado en pocos medios y limita la pluralidad de fuentes informativas.

Las últimas líneas de este texto de Artículo 19 encajan especialmente bien en el caso Carlos Joaquín, quien está aplicando un mecanismo selectivo y opaco para asignar la publicidad oficial.

Tres medios que le fueron afines durante su campaña ya estarían recibiendo pago por sus espacios publicitarios. Luces del Siglo, Pedro Canché Noticias y Noticaribe, en ese orden. Pero por alguna razón los tres fueron incluidos en una nómina de Oficialía Mayor en vez de asignarles un contrato por publicidad, como sería lo justo por su trabajo, esto de acuerdo a la fuente gubernamental que divulgó estos datos.


Esta fuente también afirma que en el caso del primero de lo tres medios citados, hay inconformidad con Carlos Joaquín, pues la cantidad asignada les parece poca en comparación a sus tarifas publicitarias. Esta versión no suena inverosímil pues los topes salariales –en el caso de las nóminas gubernamentales-, están muy lejos de los precios razonables de una empresa periodística que tiene múltiples costos de operación para producir y entregar su información a la ciudadanía sin importar qué medio utilice para ello. Este medio que dirige Norma Madero habría pedido 800 mil pesos mensuales, a decir del informante.


De hecho esta práctica de meter a la nómina a prestadores de servicios periodísticos para pagarles sus tarifas fue muy recurrida en los gobiernos priistas anteriores. Algo de lo que tanto se queja Carlos Joaquín y que hoy él mismo también está poniendo en práctica.


También se sabe que en Noticaribe habría molestia con Carlos Joaquín por la tardanza de los recursos, pues todavía hasta media semana atrás no había definición al respecto, pese a haber sido este uno de los medios que más apoyó el candidato, explica la fuente.


Por eso parece que la animadversión de Carlos Joaquín hacia los medios es generalizada y no sólo hacia la prensa “atacadora”, pues ha sido “lento” –por decirlo así-, hasta con los suyos.

Y hay casos aún más graves que denotan el desprecio del gobernador hacia los medios. Veamos.

Carlos Joaquín le concedió a Martha Silva la dirección general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Se trata de la primera priista que apenas el 1 de Marzo pasado renunció públicamente al PRI para apoyar abiertamente al hoy gobernador en un momento en que en Chetumal y en todo el estado existían apenas algunos joaqinistas de clóset. 


Esta valiente mujer se echó a medio Chetumal en contra al declararse públicamente joaquinista y aguantó el vendaval. La señora Silva pertenece a una familia que le echó el hombro a Carlos Joaquín cuando nadie creía en él. La hoy directora del SQCS es consuegra de Norman Angulo, el empresario chetumaleño que pese a todas la presiones y ataques recibidos de adversarios políticos, convirtió su hotel Los Cocos en un búnker de la campaña de Carlos Joaquín. 

La señora Silva, una de las fundadoras del SQCS y quien durante varios años fue el rostro de las noticias en el Canal de Televisión oficial, está hoy en esa institución haciendo una labor titánica tratando de resucitar a un moribundo, pues ese medio que le genera tanto desprecio a muchos, le representa a ella –como a muchos chetumaleños también-, parte de su identidad.

Hoy el Canal de Televisión oficial se está cayendo a pedazos y sólo tiene dos cámaras. Y la respuesta de Carlos Joaquín a esta situación es simple. No hay dinero. Por eso la señora Silva se vio en la penosa necesidad de pedirle al público “si podían regalarle” alguna cámara o alguna lámpara para poder trabajar. La directora del SQCS también hizo un llamado a aquellos que quisieran producir programas de televisión, pero sin ningún interés, pues no hay dinero, insistió. Esto sucedió el jueves pasado en la cabina de Caribe Radio durante una rueda de prensa transmitida en vivo para dar a conocer los “cambios” en esa institución.


No sobra hacer notar que estamos hablando del Canal de Televisión del Gobierno del estado de Quintana Roo. La entidad federativa que cuenta con uno de los desarrollos turísticos líderes en el mundo. Como diría hace poco aquí el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante la inauguración del Travel Mart y tras una gira por países asiáticos, “No se si todos conocen dónde está México, pero todos sí conocen dónde está Cancún… así que para la próxima les voy a decir, Cancún, dónde está México”.


Pero todavía hay más hechos que denotan el desdén del gobernador por la Comunicación Social y su revanchismo hacia la prensa.

Apenas el Viernes pasado un grupo de reporteros fueron agredidos por personal de Comunicación Social de Carlos Joaquín. Los hechos ocurrieron en Chetumal al término del evento de cambio de mandos de la Policía Federal.  


Dominga Calles, segunda de a bordo de Aidé Serrano, se empeñó en obstruir a los reporteros que querían entrevistar a Carlos Joaquín. Como no lo logró, sus subordinados arremetieron contra los entrevistadores con empujones, codazos e insultos. Entre los comunicadores amedrentados destaca Rosa de Jesús Dorado, del Canal 10, a quien literalmente los joaquinistas la hicieron sándwich durante el tiempo que duró la accidentada entrevista.


Este es el personal involucrado en esos hechos:

Kevin García, auxiliar de Haidé Serrano Soto, Vocera de Carlos Joaquín.
Gustavo Guarneros Rodríguez, reportero de Comunicación Social.
Héctor Martín Carrillo, reportero de Comunicación Social.
Dominga Calles, sub-directora de Comunicación Social.


De hecho Carlos Joaquín tuvo que llamarles la atención para que se calmaran. No parece casual el comportamiento de éste personal, algunos de ellos sin antecedentes de este tipo. Da la impresión de que de alguna forma éstos trabajadores se han mimetizado con la campaña revanchista del gobernador.

El que con lobos anda a aullar aprende, decía también mi abuelo el ranchero.

Por estos hechos la fuente reporteril de Chetumal ya se está agrupando porque dicen no estar dispuestos a más agresiones. Y este fin de semana ya se organizaban para decidir qué acciones tomar en el futuro inmediato.

Pero el desprecio por los medios y la comunicación social va más allá de los jaloneos en las entrevistas. Carlos Joaquín lo demostró en la recién aprobada Ley de “Disciplina Financiera” que le mandó a su Congreso a modo. 


En ese texto de Ley el gobernador Carlos Joaquín destaca que el presupuesto destinado a la Comunicación Social será el primero en sufrir reducciones en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos del gobierno estatal. 

Pero esa misma Ley contempla también que Carlos Joaquín podrá contratar deuda pública a discreción bajo éste ambiguo término: “Para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. 


Por cierto y hablando del Congreso del gobernador Carlos Joaquín, este Domingo fue exhibido en redes sociales el diputado local de Morena, Juan Ortiz, con un video en el que revela haber recibido 7 millones de pesos para torcerse a favor del PAN-PRD y sumar a la mayoría joaquinista que a punta de billetes le arrebató la superioridad numérica al PRI-PVEM y se esa forma poder garantizarle al gobernador la aprobación a priori de todas las iniciativas. El legislador también embarró a la diputada Silvia Vázquez, su compañera de bancada.

Esta práctica de comprarse un Congreso a modo es común entre los gobernadores y también en el caso del presidente de la República lo es. Todos lo hacen sin importar de qué partido procedan. Y Carlos Joaquín -quien en todo momento ha reprobado este tipo de acciones-, tampoco quiso ser la excepción.

La compra del Congreso joaquinista no es una noticia nueva, se supo hace un mes cuando esto ocurrió. Pero hoy surgió la prueba documental gracias al “honesto” diputado morenista que muy francote expresó: “Gracias a Dios salimos de pobres”.


En esa política revanchista de Carlos Joaquín, sus empleados de Comunicación Social han desarrollado algo así como un olfato muy fino para detectar cualquier aroma que huela a borgismo.

Hace unos días el periodista playense Pedro Juárez, conocido a través de la radio local del SQCS, y durante el gobierno anterior también directivo de esa radiodifusora, se le apareció a la vocera joaquinista, Aidé Serrano, para hacerle una propuesta, pues el comunicador también publica a través de su portal de noticias. Pero el encuentro no duró mucho, la vocera lo despachó rápido y cortante. 

Apenas días después, en Facebook apareció un documento en que un periodista, Marcelo Rueda de Ola Noticias, fue exhibido por el hecho de presentarle a Aidé Serrano una propuesta para ofrecerle sus servicios publicitarios. El documento salió de las oficinas de la Vocera, aunque no se sabe bien a bien con fines fue filtrado. Hasta hoy el gobierno de Carlos Joaquín no ha informado sobre el particular.

Pero si la relación de Carlos Joaquín con los medios es mala, las cosas en el futuro inmediato pintan aún mucho peor. Según la fuente que ya he citado antes, existe en el área de Finanzas –que también abarca Oficialía Mayor-, la indicación de que toda la deuda relacionada con medios no será pagada. Pero a los periodistas acreedores les dicen lo contrario.

Un periodista a quien el gobierno borgista le quedó debiendo todo un año de servicios, dice que se apresuró a preguntar por el estatus de sus facturas luego de que supo el caso de Pepe Gómez -el dueño del Quequi-, a quien Borge habría quedado debiéndole toda la publicidad de este año. Dicen que cuando el empresario boxístico preguntó por sus facturas, los funcionarios de Finanzas le aseguraron que esos documentos ya habían sido pagados y cobrados, lo que supone que un alto ex funcionario del quinquenio anterior debió embolsárselos.

Del interior del gobierno –del saliente y del entrante-, se filtraron listas de pago a medios en todo el estado con el propósito de exhibirlos públicamente. Pero hasta hoy no se ha informado de manera seria y oficial cuánto de estas sumas fueron pagadas, cuánto de ello se embolsaron funcionarios ex borgistas y cuál será la solución a lo que parece ser también una importante deuda que el gobierno estatal mantiene con los medios de comunicación. Una situación similar sucede en los Ayuntamientos PAN-PRD.

En medio de este revanchismo hacia los medios que lo atacaron, Carlos Joaquín además de ser selectivo y segregar a un amplio sector de los medios, maneja la Comunicación Social de su gobierno en los términos en que mejor le parece y no en los lineamientos de ley, pues además de todo lo citado aquí, el gobernador le da a su información, entiéndase boletines de prensa, videos y otros, un toque que viola los preceptos de Ley.

Los tres últimos párrafos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte:

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que está bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

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