martes, 4 de julio de 2017

Omiso y corrupto: Arcila lleva al Congreso-QR en contrasentido al Sistema Nacional Anticorrupción


Chetumal.- El Congreso de Quintana Roo encabezado por el diputado Eduardo Martínez Arcila, destaca entre las 31 entidades federativas del país que han incumplido hasta el momento con la armonización de su legislación en materia de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, alertó Guillermo Noriega Esparza, experto en la materia.  
  
Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dio a conocer que el Congreso Local figura como una de las legislaturas más caras y menos productivas del país. También el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, confirmó la improductividad de los diputados de la XV Legislatura, que actualmente gozan de salarios entre 60 y 80 mil pesos mensuales. 

La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que, de las 32 entidades federativas del país, Quintana Roo ocupó el primer lugar en materia de corrupción durante el año pasado al registrar un promedio de 2,077 denuncias por cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites, los cuales afirmaron que experimentaron al menos un acto de corrupción. 
  

En la conferencia “Anticorrupción: El cambio en el que Estamos” impartida por Guillermo Noriega Esparza, especialista en asuntos de transparencia y anticorrupción, resaltó que hasta el momento solamente el Estado de Querétaro ha cumplido con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, que implica la homologación de su legislación local y hasta la conformación de la junta de coordinación respectiva. 
  
“El cáncer que tiene nuestro país se llama corrupción y para eso necesitamos quimioterapias y radioterapias ruda y no mejoralitos, tenemos que acabar con la impunidad”. 
  
En tanto los 31 Estados restantes incluido Quintana Roo, están emplazados como máximo hasta el 18 de Julio próximo para cumplir con al menos la adecuación de sus normas jurídicas, lo que podría provocar su aprobación a vapor con la intención meramente de dar cumplimiento a las disposiciones federales. 
  
El ponente reconoció que a pesar de que se cumpla en tiempo y forma con lo anterior, la ley no especifica un plazo para la conformación de la junta de coordinación del sistema estatal anticorrupción y que puede ser aprovechada por los estados para no cumplir cabalmente con lo dispuesto por el ordenamiento nacional que busca combatir la corrupción y la impunidad. 
  
“Por decreto no se elimina la corrupción, se elimina progresivamente con controles, instituciones, presupuestos, fuerza y sobre todo con una sociedad vigilante y participativa de que las cosas se hagan bien”. 
  
Esto podría implicar que las acciones encaminadas al combate a la corrupción queden en letra muerta contrario a todo lo pregonado por el presidente de la Gran Comisión de diputados Eduardo Martínez Arcila, quien ha demostrado su total desinterés en el tema y quien no acudió a esta conferencia. 
  
El conferencista, con más de 20 años de experiencia en el tema, concluyó que con la creación del Sistema Nacional o Estatal no se podrá eliminar por completo la corrupción. 
  
Respecto al tema nacional, señaló que hasta el momento no se ha podido nombrar al Fiscal Anticorrupción nacional debido a que los partidos políticos de mayoría se resisten a dar el visto bueno a los candidatos ciudadanos que no tiene ataduras políticas. 


“Quieren poner a sus incondicionales y por eso se resisten, a quienes más le convine que el sistema nazca desprestigiado es a los mismos corruptos, ser perseguidos por instituciones deslegitimadas pues es lo mejor que les puede pasar a ellos, si nosotros pateamos y desprestigiamos y no lo defendemos como sociedad le hacemos un favor a los corruptos y a la impunidad”. 
  
Indicó que la corrupción está frenando las inversiones en todo el país debido a los altos costos que les genera a los empresarios nacionales y extranjeros, además de generar incertidumbre jurídica y una serie de problemas en las estructuras económicas políticas y sociales. 
  
Refirió que el próximo 19 de Julio Quintana Roo tiene que amanecer con un nuevo entramado jurídico, sin embargo, agregó que para que esto pueda tener resultado se debe contar con la participación de la ciudadanía.

Una vez aprobadas las leyes secundarias, se tendrá que crear una comisión de selección, la cual elegirá un comité de participación ciudadana y este comité tendrá una presidente que presidirá el comité coordinador, el cual se instalará y empezará a trabajar en indicadores, evaluaciones y diseño de políticas públicas de combate a la corrupción de manera participativa.

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