martes, 21 de noviembre de 2017

UBER-QR: ¿A qué juega el Gobierno?


Por: Esmaragdo Camaz

En algún momento hace dos semanas, el Gobierno cambió su discurso respecto a UBER. En voz de Jorge Portilla Manica, la APP sí se podía quedar en Cancún. ¡Albricias!, pensaron muchos cancunenses. Pero días después llegó el golpe. El Congreso adelantó los detalles de la Ley de Movilidad que de forma tácita echa a UBER de Quintana Roo. Lo mata. Le quita su sentido de ser. Y en el peor de los casos, lo margina a la clandestinidad, lugar que tiene hasta hoy en este el internacional primer destino turístico del país.

Los cancunenses quieren usar UBER. La APP funciona en esta ciudad hace un año y medio y es un éxito comercial para las tres partes. Para la transnacional, para los particulares que usan sus carros para dar el servicio, y para el público que los usa.

El éxito de UBER en Cancún sería imposible sin la aceptación masiva del público. Esa es la prueba palpable de que los cancunenses quieren la APP. Prefieren UBER por encima del taxi sindicalizado. Así es. Simplemente es así.

Pero el Gobierno va a contracorriente del público. El Congreso cocina una ley que margina a UBER en tres pasos:

1.- No permite que el usuario pague en efectivo.
2.- El particular que va a ofrecer el servicio tiene que adquirir para ello un auto de cierta gama.
3.- Y para brindar el servicio, el particular debe contar con una autorización de un organismo gubernamental (Instituto de Movilidad), a fin de cuentas una especie de concesión.

Estos tres puntos, que son los principales de la Ley, encabezan una serie de restricciones que arrebatan a UBER la libertad que lo caracteriza. El Gobierno ha entendido que los cancunenses están usando un servicio que funciona bien sin la intervención de organismos gubernamentales, sin funcionarios públicos de por medio y sin que se necesite la regulación del estado. Y eso a los políticos no les gusta.  

Como siempre, el Gobierno quiere control. De los políticos es una obsesión. Todo lo quieren controlar. Llama la atención que siendo UBER un negocio tan exitoso el Gobierno se vaya en blanco. Y ésto último no puede ser casual. Los hombres en el poder quieren una tajada del pastel. La restricción y el control son la base de la corrupción y dejar operar libremente la APP es una tentación de la que los políticos no se pueden sustraer.

Hay otro aspecto de la Ley de Movilidad que da paso al corporativismo, una condición totalmente opuesta al sentido de libertad de UBER. Esa parte de la iniciativa dice que las personas morales -es decir las empresas-, podrán dar de alta a sus choferes con la anuencia del gobernador. Eso suena a concesiones de transporte diseñadas para monopolios.

De una forma u otra, el Gobierno va a contaminar la APP. Todo lo que los políticos tocan lo echan a perder. Lo corrompen. Lo destruyen. Y UBER no es la excepción.

Los cancunenses no necesitan la intervención del Gobierno para usar UBER. No recuerdo haber conocido algún caso en ese sentido. La empresa tiene sus propios filtros para aceptar operadores y éstos están funcionando bastante bien. Es el propio usuario quien califica a los choferes y éstos para conservar el trabajo necesitan quedar bien con sus clientes. Es un círculo virtuoso de servicio donde el usuario tiene el poder.

Los choferes de UBER están sujetos al Código Civil Nacional como cualquier otro ciudadano mexicano y/o habitante de este país. También están sometidos al reglamento de Tránsito de Benito Juárez y de las ciudades circunvecinas a Cancún como Isla Mujeres Continental, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Los operadores de la APP ya cumplen con requisitos mínimos de un trabajador, como presentar carta de antecedentes no penales, entre otros. 

A diferencia de los sindicatos de taxistas, como el Andrés Quintana Roo de Cancún, la transnacional no se responsabiliza de sus operadores, ni los protege, ni los apoya, más bien los deja en la indefensión de las leyes vigentes. Para decirlo de forma más llana, si un chofer de UBER delinque, éste tendrá que responderle al Ministerio Público y no a la transnacional, que tampoco es su patrón, pues el operador de la APP es autónomo y sólo trabaja de forma asociada con UBER.

Cada usuario de UBER conoce la media filiación del chofer que lo transporta. Un usuario agraviado por el operador de la APP tienen a la mano todos los datos para denunciarlo penalmente ante el Ministerio Público. La misma aplicación guarda el historial y prové a la víctima las herramientas para demandar al conductor que le dio el servicio. ¿Cuántos usuarios de taxi tienen los datos del martillo que los transporta?

El Gobierno usa el argumento de “su preocupación por la seguridad del usuario” para ahorcar a UBER cuando por otro lado es omiso ante la infinidad de delitos que los taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo cometen todo el tiempo y que ponen en riesgo la seguridad del usuario. Habría que preguntarse cuántos choferes sindicalizados están en las cárceles por sus delitos. Tema a parte el pésimo servicio que los martillos “brindan” a locales y extranjeros, a quienes timan en cada corrida.

La Ley de Movilidad que cocina el Congreso de Quintana Roo es injerencista. Es impopular. Y sobre todo, es antidemocrática. Va totalmente en contra de los ciudadanos, quienes no han requerido en ningún momento la intervención del Gobierno para transportarse libremente en UBER.

Cuando Jorge Portilla Manica, el titular de SINTRA, mandó un cambio de señales hace dos semanas, no entendí el movimiento del Gobierno. Y aún ahora no me queda claro.

El nuevo discurso del Gobierno surgió “casualmente” después de la muerte del taxista que perdió la vida en la Luis Donaldo Colosio tras ser arrollado por un camión pesado. Miembros del sindicato Andrés Quintana Roo armaron la farsa de que su compañero había sido atropellado por un operador de UBER. La calumnia se propagó y fue hasta que surgió un video revelador cuando los taxistas quedaron exhibidos como mafiosos y calumniadores. Una peor imagen ante el público usuario imposible.

Tras la revelación de la verdad, el operador de UBER tuvo que ser liberado por la Fiscalía de Quintana Roo. Me queda claro que tras este bochornoso suceso los personeros del Gobierno que siempre fueron condescendientes con el gremio taxista, no podían sostener más su apoyo al sindicato de martillos y fue entonces que surgió el nuevo discurso gubernamental.

De hecho desde entonces la persecución de SINTRA contra los UBER ha disminuido y los taxistas también le han bajado a la paliza contra los choferes de la APP. Y esto no es casual.

A partir de este nuevo escenario, personajes de Gobierno se apresuraron a filtrar entre periodistas, datos de que UBER se quedaría en Cancún a partir de la Ley de Movilidad que incluye el servicio a través de aplicaciones móviles. Así se entendió entre el público en general y se dio por hecho de que por fin, la APP operaría legalmente en este polo vacacional. Pero no fue así.

El día de su presentación en el Congreso, el diputado Fernando Celaya de Acción Nacional, reveló la sustancia de la iniciativa de Ley y llevó algunos días empezar a entender el verdadero sentido de la misma. La iniciativa coarta la libertad para que las APP operen y las somete a una regulación que a final de cuentas se parece a una concesión.

Ante esta situación que parece irreversible, UBER ha anunciado su inminente retiro de Cancún explicando que la iniciativa de Ley no le permitirá continuar operando en este polo vacacional, pues el 40 por ciento de sus transacciones son en efectivo y la prohibición de cobrar “cash” pues no sólo la margina, sino que también lo aniquila.

Con esta iniciativa de Ley, el Gobierno echa a UBER de Cancún pero se lava las manos. Los asesores gubernamentales parten del principio de que la ley incluye a las APP pero que éstas se niegan a ser reguladas. Y al mismo tiempo, los sindicatos de taxistas finalmente triunfan, pues continuarán operando sin competencia, sin ser molestados y como siempre, con la protección de los hombres del Gobierno, que son los mismos de la política.

El simple anuncio de la “supuesta” legalización de UBER en Cancún causó un impacto demoledor en el gremio taxista y creó en el imaginario de los magnates del transporte un escenario catastrófico.  

Las placas de taxi, que en Cancún pueden costar hasta un millón de pesos, se devaluarían. Los dueños de flotillas de taxis perderían su patrimonio en minutos. El Sindicato Andrés Quintana Roo perdería millones de pesos, pues muchos de sus agremiados abandonarían esa central para convertirse en choferes independientes de UBER. Esto a su vez pondría al gremio taxista al borde de la extinción, pues ya sin cuotas y con mínimos agremiados, los sindicalistas también perderían fuerza política. 

Pero para la tranquilidad de los jerarcas del transporte, los hombres del Gobierno ya tienen a UBER con un pie fuera de Quintana Roo. No es casual que entre los dueños de flotillas de taxis figuran hombres y mujeres de la política. La jugada del Congreso local pone los intereses de los políticos a resguardo.

Las elecciones para presidente municipal están a la vuelta de la esquina. Fernando Celaya, quien diseñó la Ley de Movilidad, es el virtual candidato a la presidencia municipal de OPB. Y Emiliano Ramos, el creador de una iniciativa de ley para criminalizar UBER, es el virtual candidato para Benito Juárez. Ambos van por la coalición PAN/PRD. Está claro que los hombres de la política ya decidieron que van a las elecciones del próximo año con los votos seguros de los taxistas y no con el voto abierto de la ciudadanía, que aunque es muy superior en número, habrá que reconocer que también es incierto.

En 2016 y contra todo pronóstico, los quintanarroenses cansados de un Gobierno que prefería sus intereses personales y de partido, salieron a la calle a votar masivamente y castigaron al PRI. Así llegó el gobierno panrredista al poder. Hoy es al revés, la administración en turno le da la espalda al interés del público, especialmente de los cancunenses, y entonces habrá que esperar el próximo año la reacción de los votantes en las urnas a la hora de seleccionar presidentes municipales, diputados federales y senadores de la República.

Mientras tanto el público se jode. Los cancunenses y los turistas tendrán que continuar usando los taxis sindicalizados. No hay otra opción de transporte. Cancún es el bastión del turismo en México y uno de los 10 principales destinos del mundo. Es raro que aquí no haya UBER, dice más de un turista cuando arriba a este polo vacacional.

Actualmente UBER circula libremente pagando impuestos en 45 ciudades de México. No hay justificación para que la APP no opere en Cancún, por cierto la única ciudad del estado donde existe este servicio.

En conclusión, el público, el cancunense, reclama su justo derecho a elegir con libertad cómo transportarse. Los cancunenses ya decidieron que desean moverse en UBER, pero el Gobierno los ignora. Estamos hablando de una administración con un amplio respaldo popular. Por eso y ante tal circunstancia no alcanzo a comprender el escenario actual y no me queda más que preguntarme.

¿A qué juega el Gobierno?

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