lunes, 28 de mayo de 2018

Carlos Joaquín, ¿Seguridad Pública?



Por: Esmaragdo Camaz

Desde que Carlos Joaquín gobierna Quintana Roo la ola delictiva ascendió en Cancún como nunca antes se había visto. Roberto Borge cerró en septiembre de 2016 con 67 ejecuciones, hasta ese entonces la cifra más abultada en un año. Con Carlos Joaquín ya son 429 las ejecuciones registradas en Cancún en menos de dos años al frente del gobierno. Un número inimaginable para el otrora paraíso. Y de todas las ejecuciones no hay un solo detenido al que se le haya adjudicado tal o cual número de asesinatos, lo cual constituye además de la comisión del delito, un vacío de impunidad.

En el primer año de mandato de Carlos Joaquín, Cancún cerró con 227 casos. Es decir que con “El Gobierno del Cambio” los asesinatos se triplicaron tan sólo en el primer año de gestión.

Y hasta hoy 28 de mayo, ya son 202 los asesinatos registrados en lo que va de este 2018. 

Sumando estos datos nos da un total de 429 ejecuciones en el período parcial de este Gobierno. Además, asesinatos que quedaron en la impunidad.

Pero eso no es lo peor. En su segundo año de Gobierno, Carlos Joaquín no ha sido capaz de resolver el problema de la violencia. Por el contrario, el número de ejecutados continúa en una tendencia alcista. Hasta hoy son 202 casos en Cancún y todavía no terminamos ni los primeros cinco meses del año. Sólo faltan 25 asesinatos más para igualar la cifra total del 2017. Entonces prácticamente la estadística ya se duplicó pues los casos que ocurrieron en 12 meses el año pasado, esta vez suceden a mitad del año.

Pero si esta misma tendencia continúa, entonces el resultado será de escándalo. Carlos Joaquín está en serios problemas, pues la materia principal para el Turismo -la buena imagen de paz y tranquilidad del Destino- está en riesgo. Eso sin contar la molestia generalizada de la industria sin chimeneas y los prestadores de servicios en general que ya están hartos no sólo de los asesinatos, sino de las extorsiones y otros delitos que siguen en ascenso. También de la impunidad.

Por cierto, el Gobierno de Quintana Roo no informa de las estadísticas de las ejecuciones ni de delitos en general que ocurren en Cancún. Desde que Carlos Joaquín llegó al poder, la Fiscalía jamás ha dado a conocer cifras ni el balance de la criminalidad en este polo vacacional.

Desde su llegada al cargo, Carlos Joaquín ha esgrimido razones para el ascenso de los crímenes en Cancún. Su justificación es la violenta reacción del crimen organizado al combate que su Gobierno ejerce sobre ellos. Y debe tener razón. Aunque esa reacción de la que habla era previsible. Se desconoce si su Gobierno tenía un plan de contra-reacción. No existe información oficial sobre el tema.

Pero sí se conocen los resultados de las acciones de Carlos Joaquín en materia de combate al crimen en sus primeros dos primeros años de Gobierno. No erradicó la violencia. Y en cambio sí ascendieron los delitos. Las ejecuciones se triplicaron y siguen en ascenso. Hay impunidad, pues no hay detenidos por todos estos crímenes. Ese es el resultado parcial del trabajo de Carlos Joaquín en materia de combate a la delincuencia.

Otras de las razones recurrentes que Carlos Joaquín ha esgrimido para justificar el embate del crimen organizado es el ataque a su persona y a su gobierno. Lo que él llama “Los enemigos de Quintana Roo”. O aquellos que “quieren desestabilizar al estado”. No dice sus nombres pero todos saben que se refiere a Roberto Borge, a Félix González Canto y al resto de personajes ligados a ese grupo.

Tampoco lo dice textualmente, pero en algún tramo de estos dos años de gobierno ha sugerido que son ellos los que están detrás de la violencia. Uno de esos “Enemigos de Quintana Roo” está en la cárcel hace meses, el otro ya no tiene fuero y de los demás, algunos ya pasaron por las rejas, a otros ya les dieron prisión domiciliaria y algunos más andan a salto de mata, entre ellos la mamá de Roberto Borge, una mujer que raya los 70 años y por la que Carlos Joaquín pide el apoyo de los quintanarroenses para ubicarla para que la Fiscalía logre su aprehensión y encarcelamiento. A juzgar por la ayuda que se pide de la ciudadanía, da la impresión de que se trata de una mujer muy peligrosa.

Carlos Joaquín ha ejercido el poder a placer ejecutado acciones legales en contra de quienes cometieron delito en gobiernos anteriores. Ha contado con todos los recursos del Estado para ello y con la aprobación del público para mandar a prisión a quienes él ha investigado a través de las instituciones correspondientes. 

Es decir, el gobernador no ha tenido carencias u obstrucciones en ese sentido para actuar contra quien delinquió en el pasado desde el Gobierno. Ha actuado con total libertad en esa materia. Incluso ha gozado del reconocimiento público cuando se ha hecho justicia en contra esos malos ex funcionarios que lo antecedieron en el Gobierno. Los ha perseguido y encarcelado. Y el público se lo ha aplaudido.

Pero aún con todo lo que Carlos Joaquín ha hecho en contra de los funcionarios públicos del pasado, el crimen en las calles de Cancún continúa en ascenso. Las ejecuciones no cesan. Las extorsiones a comerciantes cada vez son más. Y los heridos y muertos producto del daño colateral también engrosan las estadísticas no oficiales. 

Una fuente cuenta que estuvo presente en un encuentro cuando a Carlos Joaquín le hicieron ver el peligroso ascenso de la violencia. El informante dice que con desdén y restándole importancia al problema, el gobernador dijo que se estaban matando entre ellos y que bueno que así fuera, en referencia a las vendettas entre delincuentes. Pero hubo quien le hizo ver el impacto de las muertes entre las familias afectadas y los daños colaterales. El mandatario reculó y quiso componer con un, no, no está bien. 

En los 429 asesinatos registrados durante este periodo de gobierno de Carlos Joaquín, no todos los cadáveres son producto de vendettas entre delincuentes. Hay casos de personas que estuvieron a la hora y lugar equivocados. Algunos incluso eran niños. Y también hay quienes perdieron la vida porque se negaron a pagar una extorsión. Esto sin mencionar un número indeterminado de heridos por arma de fuego que también son resultado de la violencia rampante que campea a Cancún. Es difícil tener un desglose exacto del tipo de víctimas y delitos específicos pues como ya lo dije antes, no hay estadísticas oficiales.

No obstante, esta ola de violencia y asesinatos en Cancún al parecer no han impacto al Turismo. No de manera importante. Incluso este fin de semana la ocupación en el Destino superó el 85 por ciento, excelente para ser temporada baja. La secretaria de Turismo de Carlos Joaquín -Marisol Vanegas-, ha insistido en este mismo sentido. 

Dicho de otra forma, las múltiples ejecuciones y el ascenso de la violencia no parecen haber pegado directamente a la principal fuente de la economía de Quintana Roo. Los múltiples crímenes sólo han impactado hasta ahora en el aspecto social, anímico y de seguridad personal de las familias quintanarroenses, particularmente en el norte del Estado. A excepción de las extorsiones, que éstas sí impactan en la economía de los comerciantes.

No obstante los empresarios sí están muy preocupados por el desborde de la violencia en Cancún y de cómo está permeando gradualmente en el resto del norte del Estado, en polos turísticos como Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum. Ante ellos el fiscal Miguel Ángel Pech les confesó apenas la semana pasada que está amenazado. 

Y una semana antes, los ministeriales pidieron la renuncia del fiscal Miguel Ángel Pech. Paralizaron la operatividad de la Fiscalía por casi 48 horas y emplazaron al gobierno del Estado por mejores sueldos y prestaciones, entre ellos un seguro de vida robusto para sus familias. 

Esta manifestación de los ministeriales contrasta con el recurrente discurso de Carlos Joaquín en el sentido de que su gobierno destina recursos y esfuerzos a la lucha contra el delito. Hoy diputados y funcionarios de SEFIPLAN debaten y le escamotean a los ministeriales los recursos que se supone ya les fueron autorizados por el ejecutivo en el acuerdo que permitió que los policías del Ministerio Público regresaran a las calles a “investigar” los delitos.

Por cierto que en la era Carlos Joaquín, la Fiscalía jamás ha informado quién o quiénes son los que andan matando tanta gente en Cancún. Se habla de bandas, de organizaciones, de células, etcétera, pero no hay nombres de responsables. En cambio, prevalece la impunidad.

Han habido algunos “chispazos” como aquel de un “campo” de entrenamiento de sicarios “descubierto” en una zona verde la periferia de Cancún. La noticia cayó con buen ánimo, pues supuso un avance en las investigaciones contra los mata-gente, pero pronto el efecto se esfumó, porque ya no hubo seguimiento de parte de las autoridades.

Hace unas horas, un contingente de 140 militares arribaron a Quintana Roo como avanzada de lo que será la Policía Militar con funciones de Seguridad Pública. Se sabe que su centro de operaciones será Rancho Viejo y que arrancará operaciones a partir de octubre, esto último informado por el propio gobernador Carlos Joaquín.

Se sabe extraoficialmente que son 2 mil castrenses los elementos que formarán la Policía Militar que se unirán a patrullajes de las policías municipales y de la federal en Cancún y se presume que en otras ciudades del norte de Quintana Roo, donde están los principales polos turísticos del estado. 

La militarización de Cancún es un hecho, aunque el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo lo contrario en Playa del carmen hace apenas unas horas, quizá como una forma de ocultarle al principal destino de México esta nueva imagen que viene a dar al traste con la idea de un paraíso. Un paraíso perdido.

Inevitablemente Cancún se transformará pronto en una ciudad militarizada ante el fracaso de las autoridades estatales en la contención del avance de la delincuencia.

En las redes sociales y en todo espacio de la sociedad civil, los cancunenses manifiestan su preocupación y advierten el inexorable camino de Cancún hacia la “Acapulcañización”. ¿Pero cuánto nos falta para llegar a ese punto?

Es difícil determinar eso. Pero si nos vamos por el número de ejecuciones, valga decir que el promedio actual-anual de asesinatos en Acapulco es de 800 casos al año. O sea, unos 66 al mes. Dos al día, más o menos.

En Cancún tenemos 202 ejecuciones hasta hoy que casi estamos a medio año. Nadie desea que esta suma se duplique a finales del presente año. Sin embargo y al igual que Acapulco, Cancún ya tuvo un meses de 60 asesinatos. Fue justamente el pasado mes de Abril. Cancún ha tenido muchos días de dos asesinatos en 24 horas. Su récord es hasta de 9 ejecutados en un día. Y esa es una mala señal hacia la “Acapulcañización”.

Puede que nos falte todavía mucho para llegarle a Acapulco. O puede que nos falte poco. Qué importa. Para el cancunense que sufre la pérdida de un familiar en una balacera o para un baleado involuntario dá lo mismo. 

En Cancún, la dueña de una estética habló con su marido y le dijo que no había de otra. Era mejor pagar las extorsiones porque de cerrar el negocio, ¿de qué iban a vivir?. Bueno, si es que los dejaban con vida. Y un comerciante en el Parián dice que le paga 20 mil a unos que se dicen federales. El hombre aconseja que es mejor pagarle a ellos que a los extorsionadores porque así es más seguro. Estas son las pláticas de moda entre los empresarios quintanarroenses ante la ola delictiva y de impunidad que impera en Quintana Roo.

El 1 de Febrero de este año, el gobernador Carlos Joaquín reforzó su seguridad personal. La Oficialía Mayor del Gobierno de Quintana Roo adquirió por adjudicación directa a la empresa Elite by Carga SA de CV de Tijuana, Baja California, chalecos, gas portátil, bastones expandibles y botiquín de primeros auxilios por la cantidad de Un Millón 519 mil 764 pesos, de acuerdo al contrato de adquisiciones número OM/DGA/DRM/DCP/AD/ADQ/01/03/2017.

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