jueves, 7 de junio de 2018

Denuncian penalmente a Perla por ilegal embargo a Fundación de Parques y Museos de Cozumel



Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel interpuso este jueves una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad en contra de la alcaldesa Perla Tun, quien allanó diversas instalaciones de la institución con el argumento de un supuesto embargo por 48 millones de pesos.

A través de redes sociales, una página de Facebook publicó información privilegiada del Ayuntamiento, curiosamente el único "medio" que se enteró de tal situación. Se trata de una página defensora del Ayuntamiento de Cozumel que encabeza Perla Tun Pech y presuntamente propiedad de su equipo de comunicación social.

En este espacio se dio a conocer de un embargo por 84 millones de pesos a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, por un adeudo de varios años al Ayuntamiento en el concepto de ZOFEMAT.

Personal de la tesorería municipal se presentó el día 6 de enero después de notificaciones directas al organismo descentralizado del gobierno estatal, sin embargo no estuvo nadie con la autorización y embestidura para atender la petición.

Este jueves 7, nuevamente personal del Ayuntamiento se presentó a las oficinas con elementos de la policía municipal fuertemente armados comandados por el titular de seguridad pública municipal, Raúl Sánchez Martínez, el Síndico municipal, Fidencio Balam, el director jurídico de la comuna, Ruperto Díaz Hadad, así como personal de la tesorería y una representante que dijo llamarse Yamili Argüelles.


El primer sitio tomado por la comuna fueron las oficinas centrales de la fundación en la avenida Pedro Joaquín Coldwell entre avenida Benito Juárez y primera sur en la colonia Centro, donde dejaron un policía con un arma larga y dos personas más.

Siguieron hacia las oficinas administrativas en la avenida Benito Juárez entre las avenidas 45 y 50 de la Colonia 10 de abril donde también colocaron un policía armado y otras dos personas de la tesorería.

En este sitio ocuparon a dos cerrajeros quienes abrieron puertas e irrumpieron en las oficinas sin saber el procedimiento al interior.

El tercer sitio fue el parque Chankanaab al que ya habían advertido buscarían para embargar las cajas mientras se daba el congelamiento de las cuentas, solicitado a la Comisión Nacional Bancaria, y obtener el monto total del adeudo, superior a los 84 millones de pesos.

No obstante, al llegar al parque temático, los ejecutores notaron las ventanillas de cobro cerradas, procediendo a tomar el sitio también con dos personas de tesorería y un elemento policíaco.

Todas estas acciones se dieron frente a la mirada de los turistas, provocando una mala imagen del destino.


De acuerdo a los datos recabados, esta misma acción fue realizada en Punta Sur. Dejando ambos parques con acceso libre.

En las oficinas centrales de la fundación, la directora jurídica, Nataly Díaz Arce, señaló se trata de un caso cerrado desde el 2017, por lo que el Ayuntamiento ha incurrido en una situación fuera de la ley, al tratar de juzgar algo que ya se juzgó.

Por otra parte se tiene una presunta usurpación de funciones, esto al ser únicamente la administración tributaria quién puede congelar cuentas y notificar de este tipo de embargos por tratarse de un impuesto de índole federal, según se explicó.

El representante legal y director del organismo, Emilio Villanueva Sosa, denunció ante la Fiscalía General del Estado, en contra de quien resulte responsable por delitos en contra del estado.

Dijo es una pena el uso de la fuerza y autoritarismo con la que se trata de despojar de los recursos que se reinvierte en beneficio de la comunidad. Agregó se trata de una estrategia  política de una administración que no ha hecho nada por Cozumel.

"Usaron muchas patrullas cuando éstas deberían estar realizando rondines por la ciudad", precisó.

Aseguró no haber recibido documento alguno para notificar este embargo y dijo se trata de una situación muy vieja.

Cabe mencionar que en ninguno de los dos casos hubo la presentación de documentos que avalaran el embargo por parte de la comuna, mientras que de la fundación tampoco se mostraron documentos para avalar el pago o fin del caso.

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