jueves, 28 de febrero de 2019

Apenas 7 de 217 borgistas han sido llevados ante la Justicia



Chetumal.- Solo 7 de 217 funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo que causaron daño al patrimonio del estado por desviar más de 13 mil millones de pesos, han sido llevados ante la justicia y de los cuales 4 de ellos han obtenido su libertad por prescripción del procedimiento, burlándose de las autoridades quintanarroenses.

La mayoría se encuentran gozando de impunidad y libertad ante la deficiente actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, ya que la propia titular Rosaura Villanueva Arzápalo, reconoció que solo se ha podido obtener  sentencia condenatoria favorable en contra de 3 borgistas que están siendo investigados por el quebrando a las arcas del estado.

“Son más de 200 en estos momentos y si ha habido castigo hemos tenido 3 sentencias condenatorias 3 en procedimientos abreviados hemos recuperado 64 millones para el estado hemos tenido a nivel nacional la primera sentencia condenatoria en etapa de juicio oral”.

Villanueva Arzápalo, argumentó que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo únicamente cuentan con 27 elementos tanto Policías de Investigación como Agentes Ministeriales para atender las 341 carpetas que se tienen en contra de estos 217 ex funcionarios, por lo cual pidió paciencia, asegurando realizan “todo lo humano posible”.


“Solo tenemos a 12 agentes dela policía de investigación para cubrir todo el estado tanto las investigaciones las aprensiones tenemos nada mas hoy 15 agentes del ministerio público para investigar los asuntos tenemos más de 300 carpetas”.

La fiscal Anticorrupción, destacó que por las tres sentencias condenatorias o procedimientos abreviados se han recuperado 64 millones de pesos para el Estado, además de que a ni a nivel nacional Quintana Roo ha sido la primera entidad en emitir la primera sentencia condenatoria en etapa de juicio oral por más de 1,055 millones de pesos, este último referente al caso de Paula González  ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Agregó que también se han asegurado 300 predios dentro de las carpetas de investigación que se han aperturado y que 30 de estos lotes ascienden a la cantidad 202 millones de pesos, además de que hasta diciembre de 2018 contaban con 127 amparos.

Dijo que al igual está pendiente la audiencia en contra de Maurio “N” en Playa del Carmen para vincular a proceso.

El próximo 4 de marzo se aplicará al ex gobernador la prueba grafoscópica al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para determinar si incurrió en falsificación de firmas en un amparo encaminado a evitar su extradición de Panamá a México.


La audiencia se desarrollará en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos. Tras su detención en el Aeropuerto de Panamá, se promovió un amparo encaminado a evitar su extradición a México. Pero al ser notificado alegó que la firma no corresponde a la suya. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició un procedimiento para determinar la autenticidad de la rúbrica.  De comprobarse que es falsa, se iniciará nuevo procedimiento legal en contra de Borge Angulo.

Recordó que la audiencia fijada para el día 2 de febrero que fue diferida por la incompatibilidad de los medios electrónicos para llevarse a cabo, dijo que seguirán luchando legalmente para que comparezca de manera física en la entidad, aunque ello dependerá del resolutivo del último amparo 
Sobre el caso de VIP SAESA recordó que el proceso inició en abril 2017 y en junio del mismo año se llevaron a cabo el cumplimiento de órdenes aprensión, una de ellas en contra de Gabriel “N” pero recientemente su situación legal cambio luego de que los tribunales federales determinaran que la demanda prescribió en el ejercicio de la acción penal, aunque los imputados no podrán ser castigado con pena de cárcel , se recurrirá a la vía administrativa o civil para recuperar de los bienes económicos señalados.

Resaltó que los procesos han sido tardados debido a que los imputados tiene capacidad económica para presentar una defensa activa y solicitar diversos amparos en el ámbito estatal y federal.

Agregó que hasta este momento existen 28 autos de vinculación y persona sujetas a proceso y se espera que sean llamados ante la justicia para enfrentar su responsabilidad.

Por si fuera poco reveló que las sanciones por corrupción y enriquecimiento ilícito son muy bajas en la entidad y no van acorde a la afectación provocada, por lo que consideró necesario que se modifique la Ley lo antes posible para contemplar sanciones más severas en contra de servidores públicos que cometan desvíos de recursos o acumulen fortunas por corrupción.


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