lunes, 8 de julio de 2019

Sabotaje al Tren Maya, acusa AMLO; Adjudicación directa y no licitación pública, el estilo de la 4T



Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador amplió hoy su denuncia a un presunto sabotaje legal que, desde el pasado 1 de julio, atribuyó a sus adversarios y a quienes se resisten a las acciones de su gobierno. “En cuanto al Tren Maya vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo: la 4T va caminando. Hay una lluvia de amparos, como lo dije hace ocho días, un sabotaje legal”, dijo. En tanto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un informe que revela la adjudicación directa y no la licitación pública como la constante de la 4T en materia de compras del Gobierno Federal.

Hace una semana, el mandatario señaló en su discurso con motivo del aniversario de su victoria electoral, que esa estrategia se proponía impedir el proyecto de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía para atender la saturación del aeropuerto capitalino.

Sin embargo, aseguró que será respetuoso de la división de poderes y añadió:

“Entonces van a haber obstáculos, lo único es que vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, nuestra libertad de expresión y manifestación. Yo creo que también, es lo único, en el caso de los amparos, vamos a dar a conocer quiénes están otorgando esos amparos”, reiteró.

Inclusive, anunció que enviará un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para informarle sobre el caso de un torturador que, luego de ser exhibido en redes sociales, consiguió un amparo para no presentarse a declarar.

Desde hace meses, el mandatario amaga con exhibir públicamente a jueces que concedan amparos cuando estos sean considerados injustos o improcedentes por su administración. Y como ejemplo, dio a conocer el caso del que dijo haberse enterado esta mañana.
En relación a sus opositores, consideró que van a seguir obstaculizando sus planes y proyectos:
“Se frotan las manos nuestros adversarios, por ejemplo los que no pudieron seguir con (el aeropuerto de) Texcoco, quisieran que no hiciéramos Santa Lucía. Pero ¿cómo no se va a hacer, si no se viola ninguna norma? Y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal, claro que hay intereses pero yo espero que sigamos avanzando”, concluyó.

Fuente: Proceso

Asignación directa en la 4T y no licitación pública 

En marzo de 2019 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revisó las compras de la nueva administración y señaló que 74% de los 28,458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas, mientras que la licitación pública (que es el mecanismo que debería ser usado como regla), sólo había sido utilizado en 18% de los contratos. 

A mitad del año, realizamos un nuevo corte de información para saber cómo compra y contrata el gobierno. 

La cifra total de contratos registrados en la plataforma COMPRANET ha llegado a 76,613. Las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se han incrementado en comparación con el trimestre anterior: al 30 de junio, 77.4% de los contratos se han entregado de manera directa mientras que las licitaciones abiertas sólo se han usado en 15.9% de los contratos. 
 
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Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72% de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5% de las ocasiones. De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales.

Esta práctica no sólo vulnera la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción, sino que se encuentra en abierta contradicción con las propias promesas, discursos y objetivos legales definidos por el presidente. 

En su libro 2018. La salida, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador escribió que «es fundamental que exista acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos» y, para las compras de gobierno, recomendó varias medidas, entre las que destacan «licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía». La promesa no se ha cumplido.

En su informe del 1º de julio, López Obrador omitió el tema específico de los contratos del gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece «prohibir las adjudicaciones directas» como una de las medidas para el combate a la corrupción, así como la eliminación del tráfico del tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo.

Si se habla de que no estamos frente a un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, lo menos que podría esperarse es que la nociva práctica de las adjudicaciones directas como la regla y no la excepción se reduzca al mínimo.


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