jueves, 3 de octubre de 2019

Combate al crimen, costo político



Expediente
Por: Esmaragdo Camaz

¿Andrés Manuel López Obrador es el bueno y los gobernadores son los malos? Me hago esta pregunta al ver que el presidente se rehúsa a usar la fuerza pública contra los criminales mientras en los estados los gobernadores se enfrentan al crimen organizado. O sea, lo expongo de otra forma: Los gobernadores de los estados están asumiendo el costo político por los cientos de muertos que derivan del combate contra la delincuencia mientras el presidente se promueve así mismo como un pacifista que le da consejitos a los criminales a quienes amenaza de acusarlos con sus mamás si no se portan bien. ¿Qué pretende el presidente de México?

Las cifras oficiales marcan 20,135 homicidios en todo el país hasta agosto 2019. En algunos de los estados más convulsos, los gobernadores que combaten al crimen organizado reciben amenazas de muerte, críticas de sus gobernados y pagan los costos políticos por el alto número de ejecuciones ocurridas en sus entidades. Tres casos dan una idea de esto.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que recuperar la paz y la tranquilidad de su estado “va a costar sangre”. Agregó: “Y lo vamos a hacer contra todo, contra las amenazas, contra los ataques, nos va a costar”. Este reconocimiento tácito del costo político en un estado con 109 mil 161 delitos en lo que va del presente año.

En Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Cabeza de Vaca combate al crimen organizado con la Policía estatal, se quejó de la falta de apoyo del gobierno de la 4T y pidió a través de Twitter una cita con el presidente López Obrador para pedir su intervención: “Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador_. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo”. Cabeza de Vaca está pagando los costos políticos de la lucha contra criminales, al grado de que los congresistas federales de Morena piden la desaparición de poderes en ese estado. Tamaulipas reporta 29 mil 304 delitos en lo que va de este año.

Caso similar en Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también paga el costo político de su lucha contra la delincuencia organizada, pues tiene encima a los diputados federales de Morena que exigen la desaparición de poderes en su entidad, con 92 mil 460 delitos registrados este 2019.

En la presidencia de la República en cambio, todo marcha bien. Hoy mismo el presidente López Obrador dijo que todo está de maravilla y el pueblo sigue feliz. Parece que estoy ironizando, pero no. 

“Por nuestro lado pensamos que vamos bien, hay gobernabilidad, hay paz, la gente está contenta, está funcionando la economía y hay bienestar”, dijo el presidente hoy en la mañanera cuando lo cuestionaron por el vandalismo que degeneró en desmanes en torno a la marcha del 2 de Octubre en la Ciudad de México.

¿Hay paz y la gente está contenta?

Parece más bien que el presidente López Obrador ve un país distinto al que gobierna. Los costos políticos son inevitables y tarde o temprano lo alcanzarán al menos por el tema de la Seguridad, ya sea que la combata frontalmente, decline, simule o sea omiso.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario