Feministas truenan contra el Congreso, piden enlace con Gobierno Federal, se quedan en el Palacio Legislativo

Chetumal.- La Red Feminista Quintanarroense desconoció este jueves cualquier acuerdo con órganos estatales, pidieron un enlace con el Gobierno Federal y afirmaron que continuarán en el interior del Palacio Legislativo, tras acusar que los diputados de la LVI no cumplieron con el acuerdo firmado de emitir ayer 24 de Febrero el dictamen de comisiones de la despenalización del aborto.

La postura de las feministas es una respuesta a la sesión de comisiones de ayer miércoles, que fue reventada una vez más por los propios diputados, ya que se niegan a votar la despenalización del aborto por las presiones entre grupos antagonistas y su respectivo costo político.

Las feministas desean que haya un interlocutor federal, toda vez que ya no se tiene confianza en los Poderes del Estado.

El 10 de febrero pasado la RFQ y el Congreso del Estado firmaron el acuerdo de buena fe para la liberación de las instalaciones.

La XVI Legislatura acordó pronunciarse respecto a la despenalización del aborto a más tardar el 24 del presente.

Al no cumplirse, la RFQ desconoció todo acuerdo con órganos estatales y exigió un enlace del Gobierno Federal.

"Anoche venció el término acordado y los diputados no cumplieron... Aún así seguimos la RFQ continúa abierta al diálogo... Nos mantendremos en el Congreso del Estado", refirió la representante de la RFQ, Yunitzilim Rodríguez Pedraza.

Acusaron a los diputados Eduardo Martínez Arcila y Carlos Hernández Blanco de ser operadores del gobierno del Estado para impedir proceda la reforma que garantiza a las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos.

Toda vez que durante las siete reuniones de comisiones unidas de ayer, impidieron que se concretara la aprobación del dictamen de despenalización del aborto.

Inclusive, se retiraron de las reuniones y la propia sesión para evitar la aprobación del dictamen.

También acusaron a Reyna Durán Ovando, Kira Iris Dam y Aurora Cohuó de prestarse a los intereses de la Iglesia y gobierno del Estado para evitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
También criticaron a Atenea Gómez Ricalde y Roxanna Lilí Campos Miranda, porque solicitaron licencia antes de lo previsto para evadir el tema, pues ocupaban posiciones determinantes para el caso.

"Prefirieron sus intereses personales y políticos a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que tanto promulgaban", denunció.

Reiteraron su apertura a las concertaciones pero ya no con representantes estatales porque no son garantes de respeto a acuerdos.

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