Nuevos amparos contra la partida de ayuda social del Congreso estatal al prestarse a corrupción
Por:
Expediente Quintana Roo
Publicado:
Cancún.- Agrupaciones de la sociedad civil y ciudadanos cuestionaron la millonaria partida aprobada al Congreso para ejercerla como ayuda social y anunciaron nuevos amparos para detener esa práctica, que se presta a corrupción y se emplea para mejorar la imagen de los diputados, sobre todo ahora en tiempos electorales.
En conferencia de prensa virtual, presidida por Cinthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia, los participantes, todos integrantes de varias asociaciones, subrayaron que van a insistir hasta que sean escuchados ante el abuso de autoridad por el mal abuso de los recursos, al no haber garantía de transparencia en su manejo.
Dejaron en claro que no exigen que las ayudas se regularicen como un programa social, lo que demanda es que se erradique y el recurso sea destinado a la política social a través de los instrumentos propios ejecutados a través de instituciones, como el DIF o Sedesu.
En la reunión se recordó que el año pasado cuatro integrantes de Participación Ciudadana, interpusieron sendos amparos en los juzgados, y ya casi al final de 2021, el juez determinó que no se acreditaba el interés legítimo por lo que no podía continuar el análisis de la demanda.
El juez, indicaron, ve la esfera individual no colectiva, y es por eso que al ser claro que se repercute el uso de los recursos, ahora no sólo el CPC interpuso la demanda sino también se sumaron Gobernanza y Cultura Cívica, Ciudadanos por la Trasparencia y dos personas físicas.
Al darse a conocer el presupuesto de egresos 2022, de unos 481 millones de pesos, el 20.5 por ciento, es decir, unos 99 millones serán destinados para ayuda social, lo cual señalaron que debe detenerse, ya que fomenta la corrupción, pues no hay manera de seguirle el trazo al recurso.
Se gasta de manera discrecional, sin que existan reglas de operación que ordene en qué se emplea, cuál es problema público que se pretende atender, está carente de un orden y algún candado que permita ser transparente.
También se enfatizó que la función del poder legislativo no es dar ayuda social, sino del Ejecutivo al carecer de un marco normativo adecuado, invade una comisión que no le corresponde y se ve un beneficio de la imagen del diputado en turno.
Los participantes coincidieron en que, si se sigue permitiendo un gasto sin programación, sin establecer cuáles son las metas, se perderán oportunidades, y reiteraron que el uso político que se le da al recurso.
Cancún.- Agrupaciones de la sociedad civil y ciudadanos cuestionaron la millonaria partida aprobada al Congreso para ejercerla como ayuda social y anunciaron nuevos amparos para detener esa práctica, que se presta a corrupción y se emplea para mejorar la imagen de los diputados, sobre todo ahora en tiempos electorales.
En conferencia de prensa virtual, presidida por Cinthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia, los participantes, todos integrantes de varias asociaciones, subrayaron que van a insistir hasta que sean escuchados ante el abuso de autoridad por el mal abuso de los recursos, al no haber garantía de transparencia en su manejo.
Dejaron en claro que no exigen que las ayudas se regularicen como un programa social, lo que demanda es que se erradique y el recurso sea destinado a la política social a través de los instrumentos propios ejecutados a través de instituciones, como el DIF o Sedesu.
En la reunión se recordó que el año pasado cuatro integrantes de Participación Ciudadana, interpusieron sendos amparos en los juzgados, y ya casi al final de 2021, el juez determinó que no se acreditaba el interés legítimo por lo que no podía continuar el análisis de la demanda.
El juez, indicaron, ve la esfera individual no colectiva, y es por eso que al ser claro que se repercute el uso de los recursos, ahora no sólo el CPC interpuso la demanda sino también se sumaron Gobernanza y Cultura Cívica, Ciudadanos por la Trasparencia y dos personas físicas.
Al darse a conocer el presupuesto de egresos 2022, de unos 481 millones de pesos, el 20.5 por ciento, es decir, unos 99 millones serán destinados para ayuda social, lo cual señalaron que debe detenerse, ya que fomenta la corrupción, pues no hay manera de seguirle el trazo al recurso.
Se gasta de manera discrecional, sin que existan reglas de operación que ordene en qué se emplea, cuál es problema público que se pretende atender, está carente de un orden y algún candado que permita ser transparente.
También se enfatizó que la función del poder legislativo no es dar ayuda social, sino del Ejecutivo al carecer de un marco normativo adecuado, invade una comisión que no le corresponde y se ve un beneficio de la imagen del diputado en turno.
Los participantes coincidieron en que, si se sigue permitiendo un gasto sin programación, sin establecer cuáles son las metas, se perderán oportunidades, y reiteraron que el uso político que se le da al recurso.
(Infoqroo)
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