Por: Esmaragdo Camaz
El líder camaral se dijo a favor de que la Fiscalía cite a quien quiera pues los diputados no tienen fuero, pero “lo grave es culpar a una persona cuando ni siquiera tiene conocimiento de la denuncia”.
Agregó que no se puede presumir culpabilidad de la funcionaria y pidió que sea la Fiscalía la que determine si hay o no hay responsabilidad para quien resulte una vez concluidas las investigaciones.
A pregunta expresa sobre la responsabilidad del Congreso en el contexto de la denuncia contra la encartada de otorgar los “apoyos sociales”, Martínez Arcila afirmó que sí están haciendo un proceso interno para determinar si hay responsabilidad de la funcionaria.
Otra de las quejas de la asociación “Somos Tus Ojos”, organismo que apoyó y asesoró a Cecilia Sánchez Olais en su denuncia contra la gestora del Congreso, es la falta de transparencia del Congreso de Quintana Roo, ya que para conocer los montos asignados a cada uno de los cientos de beneficiarios, tiene que pagar unos 25 mil pesos para que le entreguen esos datos, lo cual hace esa consulta algo prácticamente imposible.
Martínez Arcila respondió que esos son los costos de copiado de todos los expedientes solicitados por “Somos Tus Ojos” y apuntó que eso es legal, de acuerdo a la ley.
¿Y porqué no cambia la ley para que se pueda tener acceso a esos datos, Usted es diputado?, se le cuestionó.
Martínez Arcila dijo que ahora con las reformas de ley cualquier ciudadano puede proponer iniciativas ante el Congreso y que esa sería una buena idea, “propongan eso”, expresó.
Dijo que el trabajo que vienen realizando las asociaciones es muy bueno pero que tienen que conocer las leyes para que no desinformen y aseguró que el Congreso sí entregará los datos de los montos de cada uno de los apoyos dados pero siempre y cuando paguen el costo de ese trámite.
La asociación “Somos Tus Ojos” estimó que habrían apoyos personales hasta de 50 mil pesos, dinero público que estaría siendo desviado para fines distintos a los reportados.
La asociación “Somos Tus Ojos” estimó que habrían apoyos personales hasta de 50 mil pesos, dinero público que estaría siendo desviado para fines distintos a los reportados.
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