Reyna Durán se ampara, emprende pelito legal para hacerse de la presidencia de la JUGOCOPO

Chetumal.- La diputada Reyna Arelly Durán Ovando promovió un juicio para la protección de sus derechos político-electorales contra la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado.

La exclusión de la legisladora se fundamenta en que pese a tener el aval del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, para presidir la Jugocopo, los integrantes de tal órgano violentaron sus derechos políticos para mantener a Edgar Gasca Arceo en la Presidencia.

La promoción del juicio ante la Dirección de Análisis Jurídico del Poder Legislativo fue contra el acuerdo por el que la Jogocopo determinó improcedente el escrito y anexo donde la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la reconoció como coordinadora de la bancada de ese partido en la XVI Legislatura del Congreso del Estado.

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A partir de este miércoles, la Jugocopo cuenta con 72 horas para promover argumentos en su defensa y posteriormente la Dirección de Análisis Legislativo del Congreso del Estado le turnará al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), para se pronuncie al respecto.

Como se recodará, recientemente la diputada local presentó un documento en el Congreso del Estado donde supuestamente ella fue nombrada y reconocida por la mayoría de los diputados de Morena como coordinadora parlamentaria de ese partido político, sin embargo tras una reunión entre los coordinadores legislativos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD); Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN), además de los representantes de Movimiento Ciudadano y Movimiento Auténtico Social (MAS) se determinó improcedente el escrito presentado por los legisladores de Morena.

Además ratificaron a Edgar Gasca Arceo como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado.

El juicio para la protección de los derechos político-electorales se fundamentó en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor.