Los
229 millones de pesos del crédito otorgado al Ayuntamiento de Benito Juárez
para la realización de Obra Pública en 2010, estaban intactos hasta el 13 de
Mayo de ese mismo año, justo en medio del proceso electoral que llevó a Julián
Ricalde a la presidencia municipal, al menos esto es seguro, pues hay prueba
documental de un estado de cuenta de esa fecha. El decreto del Congreso que
autorizó este empréstito, que también se muestra en este artículo, da cuenta de
las obras que debieron llevarse a cabo con ese dinero, y un registro
fotográfico actual deja en claro que éstas nunca fueron realizadas. Hay
suficientes elementos para cuadrar el delito, que de acuerdo a la Constitución
de Quintana Roo, podría ser un Juicio Político, sólo falta establecer quién es
el culpable de este fraude.
